Vecina Asturiana Culpa Al Banco Tras Ciberdelincuentes Vaciar Su Cuenta

Belén Garmendiaz

La Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado una sentencia que ha traído alivio a una vecina de Cangas de Onís, afectada por un sofisticado fraude cibernético. El tribunal confirmó la nulidad de un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, suscritos de manera fraudulenta a nombre de la clienta de un banco malagueño. Esta decisión se produce tras un ataque que empleó técnicas de «phishing» y «smishing», permitiendo a los ciberdelincuentes acceder a las claves bancarias de la cliente.

El caso se originó en abril de 2022. La vecina detectó movimientos irregulares en su cuenta después de recibir varias llamadas fraudulentas. Aunque no compartió datos financieros, los delincuentes consiguieron vincular un número de teléfono móvil a su cuenta, permitiéndoles sin restricciones obtener un préstamo instantáneo y una tarjeta prepago. Las claves bancarias necesarias para estas operaciones fueron enviadas al dispositivo fraudulento, facilitando aún más el hurto de los fondos.

Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados que representa a la afectada, subrayó que la sentencia refleja la responsabilidad crucial que tienen las entidades bancarias en la salvaguardia de los activos de sus clientes. El tribunal determinó que el banco no cumplió con las medidas de seguridad adecuadas para evitar el fraude, resaltando una falta de vigilancia en la gestión y supervisión de las cuentas bancarias.

La resolución judicial critica la insuficiencia de los sistemas de autenticación del banco y su incapacidad para identificar y reaccionar ante transacciones sospechosas. Además, el fallo obliga a la entidad a restaurar la cuenta de la afectada a su estado original antes del fraude y hacerse cargo de las costas del proceso judicial.

Este fallo judicial marca un hito en el ámbito de la ciberseguridad y en la protección de consumidores financieros, enfatizando la necesidad de que las instituciones financieras adopten medidas de control y tecnología robustas para prevenir estafas. La justicia ha subrayado que el desarrollo tecnológico en el sector bancario debe ir de la mano de una sólida protección, desplazando así el riesgo fuera del ámbito de los consumidores.