La nueva normativa busca reducir los residuos electrónicos y facilitar la reparación de dispositivos, obligando a gigantes como Apple y Samsung a rediseñar sus smartphones.
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva legislación que obligará a que, a partir de 2027, todos los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos portátiles vendidos en su territorio cuenten con baterías extraíbles y reemplazables por el usuario. La medida, incluida en el Reglamento sobre Baterías y Residuos de Baterías, tiene como objetivo reducir los residuos electrónicos y fomentar la sostenibilidad, impulsando la reparación y el alargamiento de la vida útil de los dispositivos.
Un cambio radical en la industria tecnológica
La nueva normativa supone un desafío significativo para los fabricantes de smartphones, que en la última década han apostado por diseños unibody con baterías integradas para mejorar la resistencia al agua y optimizar el diseño del hardware. Empresas como Apple, Samsung y Xiaomi deberán modificar la arquitectura de sus dispositivos para cumplir con la regulación.
Sin embargo, algunas compañías ya han comenzado a adaptarse. Samsung, por ejemplo, lanzó recientemente el Galaxy XCover6 Pro, un modelo con tapa trasera extraíble, mientras que Nokia presentó el Nokia G22, diseñado para facilitar la reparación y el reemplazo de batería sin herramientas especializadas.
¿Por qué la UE impone esta medida?
La Comisión Europea ha destacado que la normativa busca combatir la obsolescencia programada y reducir la dependencia de los consumidores de los servicios técnicos para acciones básicas como el cambio de batería. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los residuos electrónicos generados en Europa han aumentado un 20 % en la última década, y un porcentaje significativo de estos proviene de dispositivos móviles desechados por baterías defectuosas o degradadas.
Además, los estudios indican que la mayoría de los usuarios reemplaza su smartphone no porque haya dejado de funcionar, sino porque la batería ha perdido capacidad. La posibilidad de sustituirla fácilmente podría extender la vida útil de los dispositivos en varios años y reducir significativamente la generación de desechos tecnológicos.
Desafíos técnicos y resistencia de los fabricantes
A pesar de los beneficios para los consumidores y el medio ambiente, la implementación de baterías extraíbles presenta retos técnicos que las empresas deberán abordar:
- Resistencia al agua y polvo: Actualmente, los diseños sellados permiten certificaciones como IP67 o IP68, que garantizan resistencia a líquidos y partículas. Incluir una batería removible sin comprometer esta protección requerirá nuevos enfoques de diseño.
- Optimización del diseño: La miniaturización del hardware y la eficiencia del espacio interno son clave en los smartphones modernos. Adaptar estos dispositivos a una estructura que permita el acceso a la batería sin herramientas especializadas podría afectar la estética y ergonomía.
A pesar de estas preocupaciones, la normativa establece que los dispositivos deberán permitir la sustitución de la batería sin necesidad de herramientas especializadas, aunque se permitirá el uso de tornillos o sistemas de cierre que faciliten la apertura del terminal sin afectar su durabilidad.
Impacto en los consumidores y el mercado
Para los usuarios, la nueva normativa representará una ventaja significativa. Actualmente, el cambio de batería en la mayoría de los smartphones solo puede realizarse en servicios técnicos oficiales, lo que supone un costo elevado y, en muchos casos, lleva a los consumidores a optar por la compra de un nuevo dispositivo en lugar de reemplazar la batería.
Se espera que la regulación impulse un mercado secundario de baterías de repuesto, aumentando la competitividad y reduciendo los costos de mantenimiento de los dispositivos.
Además, este cambio podría influir en el regreso de los teléfonos con tapas traseras extraíbles, un diseño que dominó la industria hasta principios de la década de 2010 y que podría resurgir con nuevas innovaciones tecnológicas.
Próximos pasos y entrada en vigor
El reglamento establece que todos los dispositivos vendidos en la Unión Europea a partir de 2027 deberán cumplir con esta normativa. Sin embargo, se espera que algunos fabricantes comiencen a aplicar los cambios antes de la fecha límite para anticiparse a la regulación y ajustar sus procesos de producción.
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea también han anunciado que seguirán monitorizando la aplicación de la medida para evitar posibles estrategias de elusión por parte de los fabricantes.
Con esta decisión, la UE refuerza su liderazgo en normativas de sostenibilidad tecnológica, apostando por una electrónica más accesible, reparable y amigable con el medio ambiente.
